Las
movilizaciones y bloqueos, permeados por todo tipo de actos de violencia, han
caído como las siete plagas sobre la Ciudad de México ante la indiferencia de
las autoridades y las propias fuerzas de seguridad locales. El martes, mientras
eran agredidos y golpeados por un grupo de manifestantes el camarógrafo Miguel Andrade
y el reportero Raúl Flores de Grupo Imagen Multimedia, los policías que
observaban la escena, sin intervenir, argumentaban que no podían hacer nada por
impedir la agresión, ya que tenían órdenes de no hacer nada contra los
manifestantes.
Y
vaya que cumplieron a rajatabla: los grupos de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación bloquearon y tomaron el Congreso, mandaron a una
decena de policías al hospital luego de que los atropellaron con un carro que
previamente habían robado, además, los agredieron con palos y tubos, los
rociaron con gasolina, quemaron y destrozaron carros, mobiliario y equipo.
Llegaron a secuestrar policías para “intercambiarlos” por manifestantes que
habían sido detenidos.
En
el colmo del cinismo y la mentira, la misma noche de los hechos, el líder de la
Sección 22, Rubén Núñez, declaró a los medios que habían tenido “que entrar por
la fuerza” a San Lázaro porque no los
habían querido recibir (¿usted recibiría en su casa a 200 vándalos encapuchados
y armados que están dispuestos a arrasar con todo a su paso?), horas después
cambió su versión, dijo que ellos habían realizado “una manifestación pacífica”
y que los que habían intentado entrar por la fuerza eran “infiltrados”. Una
mentira burda.
Pero
lo ocurrido en San Lázaro no es una excepción, es la regla. En el Zócalo, los
manifestantes arrasaron con una exposición vial para niños montada por el
Gobierno del DF, pero también con las salas de 3D del Cine Volador instaladas
en la propia Plaza de la Constitución. Alrededor y en todo el centro de la
ciudad, calles y avenidas tomadas y bloqueadas durante horas, comercios
cerrados, ciudadanos impedidos de entrar en sus propias casas, gente agraviada
por estos supuestos maestros. No son muchos: son unos siete mil manifestantes
(nada para la Sección 22, que tiene más de 20 mil “maestros” comisionados, cuya
única labor es participar en este tipo de acciones) que tienen como rehenes a
una ciudad de 20 millones de habitantes y a las instituciones federales. Como
escribían ayer en La Razón, cómo quiere el DF ser un estado autónomo, el estado
32, si no está en condiciones de garantizar ni siquiera el normal
funcionamiento de las instituciones federales. Ni en una sola ocasión las
autoridades han hecho algo para impedir la violencia y el vandalismo.
Pero
eso no es lo más grave: ayer, luego de todo lo ocurrido y en ese mar de
impunidad, se le concedió a estos grupos lo que reclamaban: se retiró del
periodo extraordinario el dictamen sobre la ley del servicio docente, la que
estipulaba los métodos y mecanismos de evaluación y la responsabilidad que
deberían adquirir los maestros en ese sentido. Los de la Coordinadora hicieron
todo esto con un solo objetivo: no ser evaluados ni tener que realizar curso de
regularización si no aprobaban esa evaluación.
Estamos
ante una doble impunidad: la que les permite no asumir responsabilidades ante
los delitos cometidos, y la que les permite seguir “educando” (o simplemente
cobrando un sueldo aunque jamás se hayan parado en un salón de clases) pese a
que no tengan los mínimos conocimientos necesarios para hacerlo. Es una doble
impunidad y un doble crimen. ¿A cambio de qué?, ¿de que no sigan agrediendo,
vandalizando, cometiendo delitos?, ¿tan poco se valora el Estado de derecho que
se puede ceder ante tamaño chantaje?, ¿cómo explicarle al maestro que trabaja
todos los días, que está frente a sus alumnos, que se prepara y esfuerza, que
estos vándalos son los que finalmente resultan premiados por las propias
autoridades?
Así
se enseña un camino: el del chantaje y la extorsión política. ¿Así se actuará
también ante la reforma energética y fiscal?
Porque
los números económicos son malos. El crecimiento para este año se ha tenido que
reducir prácticamente a la mitad de lo pronosticado: apenas 1.8% anual, en un
contexto
de decrecimiento muy significativo en la generación de empleos. Es verdad que
el mundo no pasa por un buen momento, pero también lo es que la economía
interna tampoco está funcionando y que los estímulos prometidos no aparecen, ni
en obras ni en otro tipo de apoyos. Sin las reformas y sin una política
agresiva de inversiones y obras (y sin una política social que esté en el
centro de las preocupaciones gubernamentales) la economía del país estará
condenada a la inercia, como ahora. Me imagino que eso no puede ser negociable.
