Ha resultado ser toda una mafia
corruptiva la que impera al interior de la Dirección General de Transporte
Publico del Estado, donde se supone el titular es un sujeto de nombre Jaime
Humberto Cervantes Moreno, y digo se supone porque su autoridad y mando ha
dejado mucho que desear ante su falta de carácter, delegando funciones a manos
de achichincles de menor jerarquía, debido a que utiliza la técnica de Pilatos.
Por cierto, se trata de un sujeto
salido de la nada, de esos que se dedican a lambisconear a los altos mandos en
busca de chambitas dentro del medio oficial, porque de lo contrario se mueren
de hambre si no se hacen vivir del dinero del pueblo; pues este mencionado
dizque servidor público, déspota y retador detrás de un escritorio oficial, ha
tomado con interés personal un asunto en particular sobre una concesión de
taxi, sin ni siquiera saber el trasfondo de la misma, tan solo dejándose llevar
por lo que su “GATA” mayor le informa al respecto, se trata de una mujer de
nombre ALEJANDRA ORTIZ, quien se dice representante del departamento jurídico de
dicha dirección de transporte, quien en realidad no es otra cosa más que una
empleadilla de gobierno que con anterioridad fungía como cancerbera de la
mencionada dirección, anotando entradas y salidas de personas, pero que ahora
gracias a su servilismo vio un favor recibido de ser removida al jurídico, no
precisamente por su experiencia y capacidad, sino por su ardua labor de
humillarse ante sus superiores, al final existen personas con mayor capacidad
que ella que no fueron tomadas en cuenta, pero que esta egresada de la
Universidad patito Galilea, ya se sintió toda una perdonavidas.
Pues esta mujer de marras es quien
ha tomado con interés personal la situación que prevalece con una concesión de
taxi, al dejarse influenciar por un vividor y defraudador que se dice
propietario de la misma, siendo esto totalmente falso… Tan es así que todavía es
tiempo que no ha podido acreditar la propiedad de la concesión, producto del
fraude que está haciendo pero que ALEJANDRA ORTIZ se ha tocado el corazón por
la apariencia de este y ha movido cielo, mar y tierra para buscar toda clase de
chicanas para retener la unidad, a tal grado que tuvo la osadía de abusar de un
cargo que ni siquiera está debidamente otorgado en forma legal, desechando un
poder general notarial tal y como si ella fuera Juez para determinar que no era
válido; asimismo, poner en aviso personal al defraudador y vividor para que
revocara dicho poder notarial y ella poder escudarse en algo de las chicanas
que está efectuando.
Peor aún es que los altos mandos de
la Secretaria de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial han puesto oídos
sordos ante esta situación, pretendiendo proteger a sus achichincles de menor jerarquía
como ha sido el propio C.P. Juan Carlos Rodríguez, quien ha transcurrido casi
dos meses en que se solicitó una audiencia y todavía es tiempo que no se digna
en responder, como todo un sujeto arbitrario que violenta los derechos
constitucionales, como lo señala el artículo No. 8 de la propia constitución mexicana.
Peor va ser para todos los
involucrados cuando tengan que doblegarse y rectificar lo que hasta la fecha
han venido haciendo, porque así como lo ha personalizado ALEJANDRA ORTIZ, ahora
tendrá que asumir las consecuencias legales por abuso
de autoridad, negligencia y demás hechos que ha incurrido escudándose bajo un
nombramientos que ni siquiera es constitucionalmente valido.
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