Pues
con la novedad de que ahora estos accionistas de GILSA que lo echaron de la
presidencia son objeto de represalias por instancias del propio gobierno de
Lozanode la Torre. Son víctimas de intimidación, acoso y hostigamiento público
en los últimos meses.
Lo
mismo reciben requerimientos de las delegaciones federales del IMSS, de José
Antonio González Anaya, que del Infonavit de Alejandro Murat y de la Comisión
Nacional del Agua de David Korenfeld. Sus funcionarios bailan al son que les
pone el gobernador Lozano.
Esa
persecución ya produjo una queja ante la instancia que dirige Raúl Plascencia.
Se denuncia la cercanía de Lozano y Álvarez Flores, motivo por el cual funcionarios
estatales recurren a actos parciales y arbitrarios para defender al empresario.
En
el fondo lo que dichos funcionarios a modo pretenden es que los accionistas
mayoritarios de GILSA opuestos a Álvarez Flores retiren las demandas
interpuestas en su contra y cesen en la lucha de sus derechos como asociados
mayoritarios de Leche San Marcos.
Dichas
conductas de hostigamiento y abuso por parte de las autoridades locales en la
entidad violentan los derechos de libertad de los hoy quejosos, quienes son asesorados
legalmente por el despacho Torres Landa.
Ante
esta situación este grupo solicitó a la dependencia de Plascencia Villanueva la
emisión de medidas precautorias en las que se prevenga al gobernador Carlos
Lozano para que se abstenga de llevar a cabo conducta que pueda poner en riesgo
la seguridad e integridad de los denunciantes.
Además
para que se le instruya a todas las dependencias de su gobierno a que respeten
y garanticen la vida e integridad de los quejosos y de sus familias, amén de
que se implemente vía la Policía Federal un operativo a través de elementos
suficientes para salvaguardar su integridad física.
Ahora
le toca a la CNDH emitir las recomendaciones que considere necesarias.
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