Como era de esperarse, la
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha vuelto a caer en su letargo
sueño, el cual la caracterizó por mucho tiempo desde que fue creada y que salvo
sus excepciones, existieron dos a lo mucho tres delegados que le dieron vida a
esa oficina federal, cumpliendo cabalmente con el objetivo esencial por el cual
fue creada este dependencia, sometiendo al orden a tanto comercio abuso que
hacía lo que mejor le parecía en perjuicio de los intereses del público
consumidor.
Quedaron atrás aquellas
intervenciones acertadas que hizo en su momento, el entonces delegado Don Ángel
Dorronsoro Gándara, hombre cabal y responsable, comprometido con la sociedad
aguascalentense que le dio vida a esa delegación, combatiendo arduamente a
tanto hambreador que se enriquecía con base a la defraudación del público
consumidor, inspeccionando básculas en los mercados populares y desde luego
aplicando sanciones duras y medidas estrictas para corregir a tanto abusivo
comerciante que pretendía hacer lo que mejor le plazca, por encima de la ley de
protección al consumidor.
No vayamos muy lejos,
todavía en recientes tiempo recordamos al buen Licenciado Armando López Campa,
quien tenía todo el apoyo y respaldo desde la Profeco en la Ciudad de México,
mismo que aprovechó al máximo para disciplinar a grandes cadenas comerciales
monopólicas, de esas que se sentían intocables y poderosas; pues eso había quedado
en el pasado, tanto compromiso que había existido entre autoridades federales y
comerciantes.
Recordamos con claridad
que el Licenciado López Campa arremetió contra importantes cadenas, como:
Restaurant Sanborns, tiendas Sorianas, Bodega Aurrerá, no se diga contra las
tres empresas más abusivas que han existido, como lo son: Telmex, CAASA y
Comisión Federal de Electricidad; a todos estos monopolios se les aplicó
millonarias sanciones por concepto de ejercer actos abusivos en perjuicio del
público consumidor, como el hecho de hacer cobros indebidos e injustificados,
además de negarse aceptar sus errores ante una posible conciliación.
En el caso particular del
Restaurant Sanborns, mismo que se encuentra ubicado en Plaza Patria, fue
sancionado estrictamente por el hecho que un cliente fue víctima por parte del
personal de ese lugar con actos de discriminación; es decir, se negaron
brindarle atención y servicio por la apariencia física del señor, situación que
ocasionó que el afectado recurriera ante Profeco, siendo el propio Armando
López Campa quien intervino para colocar los respectivos sellos de clausura
hasta que pagaran la consecuente multa millonaria.
Ahora, en la actualidad,
no se ha visto ninguna clase de intervención de quien se encuentra al frente de
la delegación de Profeco en la entidad, Patricia Valdez Bustamante, sino todo
lo contrario, tal parece que esa oficina ha servido para utilizarla de
catapulta para futuras carreras políticas, pero para lo que inicialmente fue
creada ha quedado en completo olvido; debido a que en la actualidad ha pasado a
ser parte de los numerosos elefantes blancos que abundan dentro del presupuesto
oficial, manteniendo a una caterva de burócratas que desde luego no desquitan
ni un solo centavo partido por la mitad.
En lo que respecta a las
grandes cadenas comerciales como lo son: Bodegas Aurrerá, Comerciales
Mexicanas, Sorianas, Wal Mart, Superama, Chedraui, Oxxo, Extra y ahora las
mentadas Bodega Aurrerá express, se han despachado con la cuchara mayor con
respecto a marcar las mercancías al precio que mejor que les convenga, porque
dicen los titulares de Profeco que nada pueden hacer en ese aspecto, ya que los
precios de la canasta básica se encuentran liberados, por lo que se deben
vender de acuerdo a la oferta y demanda.
Entonces, dadas las circunstancias
que prevalecen actualmente, donde cada quien puede vender al precio que les
plazca, sería importante pues que las delegaciones incluyendo la oficina
central, mismos que es titular la tristemente célebre Lorena Martínez
Rodríguez, deben desaparecer en su totalidad, ya que a estas alturas es un
gasto infructuoso estar pagando millonarios sueldos a burócratas que nada
hacen, mayormente que se han declarado incompetentes para proceder contra
abusos de comerciantes; es por ello, que no tiene razón de existir Profeco es
una carga más al erario oficial, cuando bien podrían destinar esos fondos a
algo más provechoso y que sí valga la pena.
